La mirada política y sociológica en otro aniversario de mayo de 1810
¿De qué estaban hechos los próceres? Cada 25 de mayo, la pregunta se reitera. Hoy día, estamos en vísperas de un festejo nacional, que conmemora los 200 años de algo que se llamó “revolución”. No es extraño que sea el momento propicio para disputar la conciencia de la población: saber quiénes son nuestros “padres” es saber también quiénes somos nosotros.
La institución escolar ha intentado inculcarnos que se trató de superhombres con cualidades extraordinarias. En los últimos tiempos, los medios masivos de comunicación mostraron una intención de “acercar” al prócer. Para ello, se revelan datos de su vida privada. La historia se convierte así en un programa de chimentos. La tarea científica es rebajada al nivel de colección de curiosidades inútiles. Una tercera forma de abordar el problema aparece en la producción académica dominante. Según esta concepción, no hubo ninguna revolución, tan sólo algunos cambios a nivel simbólico. En realidad, los dirigentes eran súbditos leales que fueron arrastrados a los sucesos por una crisis externa: la caída de la monarquía borbónica en 1808. Estamos ante una sociedad sin conflictos y sin cambios, donde todo sucede en el nivel de los discursos.
Estos abordajes no pueden resolver el enigma de los próceres. Sencillamente porque están esquivando la pregunta que asoma detrás de toda explicación de nuestros orígenes: ¿qué es la Nación Argentina? Para no confrontar con el interrogante, eliminan a la sociedad. Entonces, la dirección revolucionaria sólo puede comprenderse apelando a cuestiones personales. Para evitar este serio problema hay que devolverle al personaje su contexto, es decir, las relaciones sociales que lo construyen. Porque los seres humanos estamos hechos básicamente de eso: de relaciones.
Sabemos que eran burgueses, más específicamente, agrarios. Ahora bien, ¿por qué se enfrentaron con el Estado? Básicamente, porque pretendían cambiar la sociedad. En primer lugar, el Virreinato era una estructura política destinada a drenar fondos hacia España. Para ello, se imponían una serie de impuestos al comercio y a la producción. En segundo lugar, el régimen colonial impedía el desarrollo de relaciones capitalistas: se restringía el acceso a la propiedad privada, no se apoyaba la expansión territorial, no se avanzaba con la expropiación de los pequeños productores ni con la regimentación del trabajo en las estancias. Belgrano escribe, en 1810: “Remediemos en tiempo la falta de propiedad, convencidos de lo perjudicial que nos es”. Sin embargo, aclara nuestro prócer, no quiere propiedad para todos: “Indicaré, pero para irritarnos, aquella extravagante ley de Licurgo a sus espartanos de distribuirles los terrenos en proporciones iguales. Error que lo condujo a proscribir el honesto lujo”. Por último, el Estado se reservaba un aspecto clave para la acumulación: la circulación de mercancías. El comercio estaba asignado a ciertos comerciantes habilitados que operaban con el monopolio. Éstos se quedaban con una porción importante de la ganancia del burgués. Por ello, el principal reclamo de los hacendados es la libertad de comercio. Es decir, el desarrollo de ciertas relaciones (capitalistas) se oponía a la existencia de otras (feudales). Ése es el marco en el que combaten los dirigentes revolucionarios y no en pos de una abstracta “libertad”.
La pregunta es cómo lo lograron. El relato dominante afirma que fue un pacto de caballeros. La semana de mayo habría tomado por sorpresa a todos. Pues bien, las fuentes no lo confirman. Luego de la reconquista, el 14 de agosto de 1806, se produce una insurrección que irrumpe en el Cabildo abierto, exige la destitución del virrey Sobremonte y nombra a Liniers, un oficial menor, como la nueva autoridad. A todas luces, se estaban trasgrediendo las leyes coloniales. El 2 de febrero de 1807, en otro tumulto, los revolucionarios exigen que Sobremonte sea puesto preso, sin mediar juicio alguno. El 1 de enero de 1809, las milicias revolucionarias abortan un golpe conservador y desarman a las realistas. En julio de ese mismo año, los revolucionarios toman las armas para evitar que asuma el nuevo virrey (Cisneros), quien debe negociar con ellos en Colonia. Es difícil presentar a los dirigentes revolucionarios como ingenuos sorprendidos por la situación. La proclama de la Junta al asumir no deja lugar a dudas: “Se ha de publicar en el término de 15 días una expedición de 500 hombres para auxiliar las provincias interiores del Reyno, la cual haya de marchar a la mayor brevedad; costeándose esta con los sueldos del Excelentísimo Señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, Tribunales de la Real Audiencia Pretorial y de Cuentas, de la Renta de Tabacos, con lo demás que la junta tenga por conveniente cercenar, en inteligencia que los individuos rentados no han de quedar absolutamente incongruos, porque esta es la voluntad del pueblo.”
En su primera medida de gobierno, la Junta declaró la guerra civil, la supresión de los tribunales superiores (la Real Audiencia) y anticipó que podría confiscar cualquier propiedad que considerase necesaria para pagar las tropas. Por lo tanto, los próceres fueron dirigentes de una clase: la burguesía agraria. La Revolución de Mayo no es otra cosa que nuestra revolución burguesa. El producto de una clase que buscó desarrollar relaciones que se enfrentaban a las existentes. Para romperlas, debió organizarse, elaborar un programa, trazar alianzas con otras clases y lanzarse a la toma del poder sin vacilar.
Por Fabián Harari. Publicado en el Diario Crítica de la Argentina (25/05/09)
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